Reconocidos abogados del sector minero analizan compleja situación económica y su impacto
en la inversión.
José Luis López Blanco y Patricio Cartagena dan a conocer sus propuestas para la estabilidad de Chile, las posibilidades de inversión y la necesidad de cooperación para el desarrollo.
José Luis López Blanco y Patricio Cartagena, socios del estudio jurídico ASL CORP.
El estado del país es más bien complejo. La economía ha crecido en niveles mínimos. Se
espera una caída del Producto para el presente año. Estamos con la inflación más alta en décadas.
En cuanto a la situación política, el año pasado vivimos enfrentamientos muy severos entre distintos actores políticos, referidas al proceso constituyente.
Para conversar de estos temas y otros relacionados con la inversión y negocios en Chile,
considerando su experiencia y trayectoria, nacional e internacional, conversamos con los
socios del estudio jurídico ASL CORP, los abogados José Luis López Blanco y Patricio
Cartagena.
Respecto a la situación actual del país, José Luis López Blanco dijo que se puede advertir
el inicio de un período que podría ser interesante. «Existe un acuerdo político para la
redacción y aprobación de un nuevo texto constitucional. Ello permite anticipar un
escenario en que se dejen atrás posiciones conflictivas que se presentaron el año
anterior, más bien parecidas a enfrentamientos de barras bravas», indicó.
Agregó que, en sus encuentros de negocios, en el estudio jurídico, han observado el
interés de empresarios chilenos y extranjeros en iniciar nuevos proyectos de desarrollo.
Sobre el tema destacó que «un signo importante ha sido el sustancial aumento de la
inversión en exploración minera, lo que anticipa el interés por proyectos futuros en ese
sector».
PROMOVER EL BIENESTAR: COOPERACIÓN PÚBLICO PRIVADA
José Luis López Blanco López Blanco precisó que, es necesario que el sector público y el
privado, coincidan en que uno de los objetivos principales de las políticas públicas, es
promover el bienestar para todos los chilenos.
«En ese sentido, el artículo 1°, inciso 4° de la Constitución Política, consagra el llamado
«principio de servicialidad» y dispone que «el Estado está al servicio de la persona
humana y su finalidad es promover el bien común», agregando que, para cumplir con
ese cometido, bien puede el Estado procurar formas de cooperación o de asociación
con el sector privado, que ejecute, eficientemente, proyectos de desarrollo.
«Un ejemplo de lo anterior es la cooperación público-privada en el sistema de
concesiones de obras públicas, que ha permitido, entre otras cosas, que Chile cuente
con el mejor sistema de carreteras de América Latina», aseveró.
SU VISIÓN SOBRE DOMINGA
Consultado sobre el reciente rechazo por el Comité de Ministros del proyecto minero
Dominga, el socio de ASL CORP dijo que en lo que se refiere a los aspectos propiamente
técnicos de este proyecto, en el estudio jurídico participan abogados e ingenieros
especializados que pueden referirse con más conocimiento a este tema.
Pero, indicó que «llama la atención, sin embargo, que se haya requerido un plazo de 10
años, desde la presentación del proyecto, hasta la fecha, para que sea rechazado por el
Comité de Ministros. Esto es inaceptable. Los plazos de estudio de cualquier proyecto
deben ser sustancialmente más breves, en que sea posible un análisis técnico, completo
y de fondo, para resolver sobre el mismo».
López Blanco advirtió que, siendo tantos los beneficios que se obtendrían para la zona,
en que éste se llevaría a efecto, preocupa que no sea posible encontrar soluciones entre
el sector público y el inversionista, para los diversos temas de medioambiente que
necesariamente deben ser resueltos.
«¿Cómo es posible que con los adelantos que hoy día tiene la ciencia y la tecnología, no
se encuentre, de común acuerdo, soluciones para un desarrollo que produce tantos
beneficios a la Región?», preguntó el profesional.
REVISIÓN INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL
En tanto, el abogado experto en minería, Patricio Cartagena indicó que «en estos días el
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) hacía un llamado a los organismos públicos, con
competencia ambiental, para que se pronuncien, teniendo como sustento las Guías
Metodológicas que dicho organismo ha dictado para las evaluaciones ambientales».
Agregó: «¿Qué revela este llamado en el marco de la institucionalidad ambiental y lo
recientemente sucedido con el proyecto Dominga? En nuestra opinión ello evidencia la
falta de certeza jurídica y técnica que hoy ofrece la institucionalidad ambiental. Se
observa que, en la actuación del Estado en temas ambientales, se pueden superponer
visiones personales, sobre criterios técnicos».
Cartagena indicó que este ejemplo confirma la necesidad de revisar la institucionalidad
ambiental, en donde los criterios técnicos prevalezcan para un debido desarrollo
sustentable, con una tramitación eficaz, para que la comunidad vuelva a confiar en las
instituciones públicas.
«Por otra parte, nuestro país requiere con urgencia contar con un plan de desarrollo y
ordenamiento territorial, que establezca con claridad todos los componentes
ambientales y de desarrollo sustentable que cada localidad representa. Esta línea de
base permitirá que entre el Estado, empresas y comunidad exista consenso sobre los
desafíos productivos y la seguridad para nuevas inversiones», concluyó.
Patricio Cartagena dijo que, con este mapa de la sustentabilidad y nuevas inversiones
productivas, con mayores estándares ambientales, con los nuevos requisitos de la
Economía Circular, las exigencias del cambio climático y mayores niveles de participación
e información ciudadana, se logrará tener un amplio marco de cooperación público y
privado. «Es la única vía posible de recuperar el desarrollo económico y sustentable.»,
aseveró.
Finalmente explicó que, la minería nacional y sus proyectos público-privados deben
jugar un rol destacado y acelerar la curva de desarrollo nacional.
La Corporación de
Bienes de Capital en su catastro para el quinquenio 2022-2026 informa inversiones por
US$ 14.988 millones, con 67 iniciativas con cronogramas definidos. «El desafío es que
las políticas públicas y las normativas estén a la altura de lo que el país necesita hoy:
cooperación y nuevos proyectos productivos, con el sello de la sustentabilidad,
inclusivos en el territorio y con una rentabilidad en beneficios de todos», concluyó.
Fuente: http://www.guiaminera.cl/
